La condena al mayor del Gaula por 'falsos positivos'
JUDICIAL. Se
trata de Julio César Parga Rivas, quien en una ocasión fue deportado a Estados
Unidos por narcotráfico
06 agosto 2013.
En los
primeros nueve meses del año 2007 el Gaula del Ejército, en Córdoba,
bajo el mando del mayor Julio César Parga Rivas, cometió 48 asesinatos en
personas protegidas, llamados eufemísticamente ‘falsos positivos’.
El
oficial confesó que utilizó 87 millones de pesos de la
entidad para gastos relacionados con los crímenes, entre ellos las armas que
les ponían a las víctimas para hacer creer que eran delincuentes.
Para la
época, el Gaula bajo el mando de Parga era uno de los que mejores resultados
entregaba en el país, lo que le valió ser distinguido como un oficial
brillante. Varias veces a la semana, en diferentes operaciones que se
realizaban en contra de supuestos extorsionistas y secuestradores, dejaban
entre dos y tres personas muertas durante los combates.
Lejos de
la realidad de los buenos resultados estaba toda una maquinaria criminal que se
aprovechaba de la necesidad de muchas de las víctimas para engañarlos y
llevarlos a la muerte. Las supuestas bajas se daban en diferentes municipios de
Córdoba, muchas de ellas muy cerca de Montería.
En el
momento de reportar los muertos en combates, se presentaban algunos como
extorsionistas, ladrones o secuestradores. En su mayoría, no tenían
documentación personal y pasaban como personas sin identificar. Hasta ese
momento todo se mostraba como el fruto del trabajo que había detrás de un
oficial brillante y de sus hombres dedicados a contrarrestar la delincuencia
que afectaba a la ciudadanía.
Pero las
investigaciones de la Fiscalía comenzaron a decir lo contrario. Muchos de los
estudios forense demostraban que los supuestos delincuentes jamás habían
disparado armas y que la trayectoria de los impactos en sus cuerpos no
concordaban con las declaraciones de cómo se habían dado los presuntos
combates. Esto se sumó a que las mencionadas denuncias de extorsiones, que
fueron los orígenes de los operativos, en realidad no existieron.
Tampoco se pagó dinero a informantes, con el cual se había justificado que el Gaula Córdoba gastara de su rubro 87 millones.
Tampoco se pagó dinero a informantes, con el cual se había justificado que el Gaula Córdoba gastara de su rubro 87 millones.
Las
víctimas
Lo que
más causó asombro de todo fue conocer el perfil de las 48 personas que habían
muerto aunque algunas de ellas no han sido identificadas hasta el momento. El
común denominador era el de ciudadanos de escasos recursos, sin empleo y de
diferentes regiones del país. Algunos eran desmovilizados, desplazados,
albañiles, vendedores ambulantes y hasta habitantes de la calle afectados por
la drogadicción.
Todos los
crímenes fueron confesados por el entonces mayor Parga, quien narró que él
sabía de las falsas operaciones. Contó cómo firmó las autorizaciones para las
mismas, cómo en cada una se justificaron pagos a informantes que nunca
existieron (que iban desde 1,5 hasta 6 millones de pesos) y la manera
en la que los intermediarios conseguían a los incautos para que viajaran a
diferentes poblaciones de Córdoba con la promesa de conseguir trabajo.
“Para lograr
su objetivo, el comandante mismo del Grupo Gaula-Córdoba, el señor Julio César
Parga Rivas, tomaba indistintamente recursos de los rubros de Gastos Reservados
del Gaula, para comprar armamento que en ocasiones resultaba defectuoso y
poder, de esta forma, recrear la escena de un combate armado, asegurándose
previamente que las víctimas se encontraran en total incapacidad de
reaccionar ante un ataque inminente, ya que como relata el ente acusador y los
familiares de las víctimas, estos fueron engañados con falsas promesas de
encontrar un empleo que mejorara sus condiciones de vida”, indica el fallo de
cien páginas.
Era
drogadicto
Uno de
los casos que más llamó la atención durante la investigación fue el de Jorge
Hernández, quien viajó desde Medellín a Montería para radicarse en esta ciudad.
Allí su vida se fue por un mal camino que lo llevó a caer en la drogadicción,
lo que según algunos de sus conocidos, lo convirtió en un habitante de la calle
que se dedicaba a robar cable telefónico para conseguir su droga.
Un día,
quienes estaban acostumbrados a su presencia, no volvieron a saber de él. Al
cabo del tiempo conocieron que había muerto el 20 de mayo del 2007 durante la
operación militar ‘Mineros 8’ del Gaula Córdoba y que fue presentado como un
supuesto delincuente.
El
‘oficial estrella’ también se vió vinculado con la muerte de Fren Darío Chanthe
y Yeison Hidrovo, quienes fueron asesinados el 7 de septiembre del 2007. En la
orden de operación existieron serias inconsistencias como las diferentes versiones
en fecha y hechos.
En el
reporte, aparecía que los combates ocurrieron a las 3:30 a. m., mientras las
necropsias arrojaron que las dos personas murieron a las 2:30 a. m. de ese
mismo día, es decir una hora antes de que se diera la supuesta confrontación.
Pese a
que en su momento los soldados que participaron en el operativo dijeron que
estaban en condición de desventaja sobre los supuestos subversivos que los
atacaron, una de las razones que los dejó en evidencia es que ninguno de ellos
resultó herido.
En este
caso, la Fiscalía aseguró que jamás hubo combate alguno, sino que los jóvenes
intentaron huir para salvar sus vidas mientras que los miembros del Gaula los
persiguieron para luego matarlos: “una cacería”, del cual fueron víctimas Efrén
y Yeison”.
Parga
confesó su responsabilidad en este y otros casos más. Aseguró que el
reclutamiento de las víctimas se dio en masa y que no conocía la procedencia de
las personas, pues de eso se encargaban algunos miembros de la Red de
Cooperantes.
Falsificaban
documentos
La
Fiscalía también dejó en evidencia cómo el oficial y las demás personas
implicadas en el caso conseguían las firmas que les permitieron legalizar los
pagos a los supuestos informantes. Un caso es el del sobrino de un soldado
profesional a quien aparecía que le habían cancelado cuatro millones de pesos,
cuando en realidad su familiar le dio 20.000 pesos para que le firmara un
documento en blanco. Esta versión la corroboró el mismo joven ante las
autoridades.
Los 48
homicidios llevaron a que el paso 30 de julio, luego de acogerse a sentencia
anticipada y aceptara los crímenes, el juzgado penal del circuito especializado
adjunto de Montería condenara Julio César Parga Rivas a la pena de 60 años de
prisión, pero ante su allanamiento a las conductas imputadas recibió una rebaja
de la mitad de la pena.
Parga fue
hallado responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso material,
heterogéneo con el de favorecimiento de homicidio, peculado por apropiación,
falsedad en documento público y concierto para delinquir agravado. Solicitó ser
trasladado a la prisión militar de Tolemaida para purgar allí su condena,
petición que fue aceptada por la juez Rosana Mattar, encargada de proferir su
sentencia. El fallo también incluye que el procesado deberá pagar una multa de
87 millones de pesos.
Parga
extraditado
Pero los
líos jurídicos de Julio César Parga Rivas venían desde mucho antes puesto que
su vida también se vio envuelta en supuestos nexos con el narcotráfico. Por
esta razón fue extraditado a Estados Unidos pero dos años después, es decir
octubre del 2010, regresó al país deportado. En ese entonces la Unidad de
Derechos Humanos lo esperaba para que respondiera por los ‘falsos
positivos’.
Su
llamado ante la justicia de Estados Unidos se dio por supuestos vínculos con
exparamilitares que enviaban droga desde Colombia. De dichas acusaciones logró
salir avante, lo que lo salvó de al menos 30 años de cárcel. Pero su paso por
ese país dejó marcados a algunos oficiales que fueron salpicados con sus
declaraciones.
Familiares
y amigos relatan la historia de cuatro jóvenes de la comuna siete de la ciudad
de Popayán, que viajaron hacia el departamento de Córdoba en busca de
oportunidades laborales pero que fueron asesinados por el Guala para luego
aparecer como muertos en combate.
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