La
propuesta del Gobierno de Gustavo Petro que pretende acoger a 100.000
jóvenes de los municipios más afectados por la violencia en Colombia
como gestores de paz generó una amplia polémica. En diálogo con Sputnik,
el sociólogo Luis Celis dijo que la oposición ha construido un discurso
donde hace ver a los jóvenes como "terroristas".
Bajo la iniciativa denominada Jóvenes en Paz, el Gobierno del Pacto Histórico busca contemplar a la juventud excluida en zonas de alta conflictividad social y
apostar a que los gestores puedan continuar su educación, insertándose
en el mercado laboral y evitando que se incorporen a las filas del
crimen organizado.
El programa otorgará un pago de un millón de pesos colombianos (alrededor
de 210 dólares) a 100.000 beneficiarios que viven en zonas de violencia
exacerbada en Colombia. Sin embargo, la oposición cuestionó no solo el
destino de los fondos, a qué población estaría dirigida, sino que
arremetió contra supuestas intenciones políticas para su aplicación.
En ese sentido, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, cuestionó el plan de Petro a través de Twitter.
"Los 100.000 'gestores de paz' serán
activistas políticos (y muchos milicias políticas) al servicio de la
eternización de Petro en el poder, pagados con los impuestos de los
colombianos", expresó el político del opositor Partido de la Unión por
la Gente.
Asimismo, el dirigente del partido opositor Movimiento de Salvación Nacional y excandidato presidencial Enrique Gómez, también denunció que la iniciativa era una estrategia para buscar aliados políticos.
"¿A cuánto estamos de que pasemos de gestores de paz a colectivos petristas?", preguntó a través de Twitter.
Sin embargo, en diálogo con Sputnik, el sociólogo colombiano Luis Celis,
explicó que las críticas parten, en su mayoría, de la postura que está
adoptando el Gobierno frente a la liberación de detenidos por el pasado
paro nacional de 2021 y la posibilidad de que estos sean contemplados en
este programa.
Además, desde la oposición "se ha relacionado la idea de los gestores de
paz con la negociación con el Ejército de Liberación Nacional", lo cual
no tiene vínculo alguno, afirmó el experto.
Se trata de cientos de jóvenes de la primera línea, como se los
conoció durante las protestas del año pasado, que se encuentran
detenidos hasta el momento, y que el Gobierno de Petro espera poner en libertad antes de la Navidad.
Dos políticas paralelas
De acuerdo con Petro, el programa Jóvenes en Paz
brindará "un ingreso que permita vivir con cierta dignidad" y "competir
al salario que entrega la organización multicrimen". Además, agregó que
a cambio, como contraprestación, los jóvenes deberán continuar sus
estudios.
Su
puesta en marcha, que implicaría una inversión de dos billones de pesos
anuales (alrededor de 200 millones de dólares), se prevé para 2023 con
el objetivo de "hacer un proceso de paz con la juventud popular", y
darles a los jóvenes de contextos violentos "la oportunidad de ser
agentes de transformación, construyendo un nuevo pacto social en defensa
de la vida y la paz en los territorios".
El
plan abarcaría jóvenes de los barrios más problemáticos de Urabá,
Cartagena, Barranquilla, el Chocó, toda la costa pacífica y Bogotá,
entre otros puntos, según aseguró
el mandatario durante su intervención en la presentación del balance
del Programa de Generación de Empleo para Jóvenes realizada en Bogotá
este miércoles 14.
En
paralelo, el Gobierno busca la salida de alrededor de 200 personas que
se encuentran privadas de libertad "sin mayores delitos o
contravenciones", sobre los que el presidente "ha aplicado la figura de
gestores de paz", explicó Celis.
Esta
decisión ha sembrado polémica pese a que la decisión final es de la
Justicia. "La última palabra la tendrá un juez, quien decidirá sobre
unos criterios que ha planteado el Gobierno, si podrán recuperar o no la
libertad".
En ese sentido, el sociólogo explicó que la derecha ha generado un discurso donde se los considera "terroristas".
En las últimas horas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna,
ha aclarado que los primeros siete liberados tras participar en las
protestas de 2021, que serán "voceros de paz", no gozarán de una
remuneración, aunque sí deberán asumir "funciones específicas" para
"contribuir con la paz".
"Cumplirán
con unas funciones de facilitación de la convivencia, desescalamiento
de las tensiones sociales. No van a tener remuneración del Estado por
sus actividades, lo que van a tener es el compromiso de cumplir con unas
labores humanitarias, lo que podemos llamar la paz del barrio", detalló en declaraciones a Blu Radio.
Para
Celis, "la mejor política de prevención de la violencia es otorgar
derechos: a la educación, a la tierra, al trabajo, darle a los jóvenes
que no tienen muchas veces, alimentación, la oportunidad de emprender
una vida, de tener un proyecto de ciudadanía de calidad" y agregó que
Petro se guía bajo la convicción de que son estas oportunidades las que
acabarán con la violencia.
Via Sputnik
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