Féminas llevaron a la mesa el aborto legal y el acceso a anticonceptivos
Desde 1982 en Venezuela se está disputando el ejercicio pleno por la decisión y autonomía reproductiva, impulsado por la Federación Médica Venezolana, que en ese época solicitó ante el Congreso de la República que en la reforma de la Ley del Ejercicio de la Medicina se despenalizará el aborto en casos de embarazos producto de violación sexual, de malformaciones congénitas del feto incompatibles con la vida y por razones terapéuticas.
Las féminas han mantenido de manera ininterrumpida esta lucha para lograr el pleno respeto a sus derechos sexuales y los derechos reproductivos, los cuales presentan grandes debilidades que se vieron fuertemente recrudecidas tras la pandemia del covid-19.Por ello surgió desde el seno del poder popular la propuesta de un marco legal que fue entregado el pasado 28 de septiembre a la AN en la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.
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Proyecto de ley
“Educación sexual integral para decidir, métodos anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y acompañado para no morir” es la consigna que engloba la génesis de esta propuesta de 18 artículos.
Como primer punto propone que se consideren a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, además, pone en la mesa los temas como la falta de educación sexual integral, la falta de métodos anticonceptivos y la necesidad de un política de planeación familiar, los elevados índices de embarazos no planificados en niñas y adolescentes, la maternidad forzada a las niñas abusadas sexualmente que quedan embarazadas al igual que a las mujeres que mueren o afectan su salud y por la realización de abortos clandestinos e inseguros. A ello se le suma la falta de acciones para prevenir los abusos y violencias sexuales.
En su artículo 2 la propuesta establece los fines y políticas públicas en materia de derechos sexuales, entre los que destaca en el numeral 2 que se debe garantizar la educación integral de la sexualidad a lo largo de las etapas del ciclo de vida, en todos los niveles de educación formal e informal, ajustada a lenguas de pueblos originarios y a personas con necesidades especiales. Igualmente prevé en el numeral 4 el acceso efectivo y la atención integral, con calidad y calidez, a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, así como la gratuidad de los servicios. También, contempla en el punto 6 erradicar toda forma de violencia gineco-obstétrica a lo largo del ciclo de vida.
Entretanto, en el numeral 12 se propone garantizar el acceso al aborto seguro, gratuito y de calidad en los casos que esté legalmente permitido. Seguidamente, se agrega que el Estado debe prever las condiciones para la prevención de abortos inseguros en situación de clandestinidad, a través del acceso libre a la información eficaz y objetiva como ejercicio de los derechos humanos y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y la atención integral después del aborto sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños.
No obstante, el Código Penal venezolano prohíbe el aborto en sus diversas formas, excepto para salvar la vida de la parturienta (aborto terapéutico) y solo disminuye la penalidad en el caso que se haya cometido para salvaguardar el honor (aborto honoris causa).
En este sentido, la red venezolana de organizaciones y colectivos que conforman Madre si yo decido refiere que el país tiene uno de los marcos legales más restrictivos de América Latina y el Caribe en materia de aborto.
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Destacan que el hecho de que no esté permitido no erradica su práctica, pero contribuye al alto subregistro y al desconocimiento del impacto real en la morbilidad y mortalidad en el territorio nacional.
Ante esto realidad las organizaciones como: Tinta Violeta, Faldas-R, Somos el otro Beta, la Araña Feminista, Mujer Género Rebelde, Entro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos, que conforman la plataforma Ruta Verde, presentaron la propuesta de ley orgánica. Además, tienen previsto entregar las firmas que la acompañan este 25 de noviembre cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Basamento y aportes
La Organización Mundial de la Salud reporta 25 millones de abortos no seguros cada año y destaca que la falta de acceso a una atención segura, asequible, oportuna y respetuosa, así como la promoción del estigma asociado con la interrupción del embarazo, pone en riesgo la vida y el bienestar físico y mental de quienes lo practican. Acotan que el acceso a la atención integral al aborto coadyuva a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la buena salud y bienestar y la igualdad de género.
La Madre Si Yo Decido realizó unos aportes a la Mesa Técnica del Parlamento donde se discute la ley, con el fin de se establezcan las bases para una política pública acorde a las necesidades actuales en el país.
Proponen que el Estado garantice el acceso a la interrupción del embarazo y no se podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para el incumplimiento de las disposiciones aquí contenidas, en concordancia con el artículo 59 de la Constitución de la República.
Prevén que la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada en caso de que se realice durante las primeras catorce semanas de gestación y, en consecuencia, no serán aplicables los artículos 430, 431,433 y 434 del Código Penal vigente.
Agregan que la interrupción por indicaciones se podrá realizar en instituciones de salud públicas y privadas, previo consentimiento informado de la gestante en el caso de que el embarazo implique un grave riesgo para la salud o la vida de la mujer, así como también cuando se verifique un proceso patológico que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, si el embarazo fuera producto de una violación o incesto o si se trata de un embarazo temprano o adolescente.
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Hitos en la lucha contra la despenalización
- 1984. Se presenta el proyecto de reforma del Código Penal. La abogada Sonia Sgambatti propuso despenalizar el aborto en casos de embarazos producto de violación sexual para garantizar la salud de la mujer y solicita desincorporar la figura del aborto honoris causa.
- 1999. Se logra que la Constitución de la República no se reconozca el derecho a la vida desde la concepción. El Movimiento de Mujeres y la RedPob, liderado por Avesa, logra que se consagre en la carta magna el derecho de las parejas a decidir libre y responsablemente el número de hijas e hijos.
- 2018. Se solicita modificar el artículo 76 de la Constitución. Movimientos feministas solicitan a la Asamblea Constituyente modificar la constitución para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. Faldas-R presenta ante el TSJ un recurso de nulidad de los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto.
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